Hace apenas unos días se publicó el RD 16/2020, de 18 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia y como ya viene siendo habitual, desde hace décadas, por otra parte, los abogados (junto con los graduados sociales) volvemos a ser el colectivo más perjudicado dentro de los distintos operadores jurídicos.
La gran medida del Gobierno para compensar el absoluto parón de la administración de justicia durante este “estado de alarma” provocado por el COVID-19 y la falta de medios, ha sido la habilitación del mes de agosto (entre los días 11 al 31) para todos los actos procesales, más allá, por tanto, de lo determinado por la LOPJ.
Como ya viene siendo costumbre, se pide a los letrados un nuevo esfuerzo para compensar los efectos que ha tenido en la Justicia, como decimos, el parón provocado por la situación que vivimos.
Pero cabe hacerse varias preguntas a este respecto: En primer lugar, si ese parón judicial es o va a ser la causa real de las deficiencias y de los retrasos en la administración de justicia, en segundo lugar, si habilitar 20 días (a los que hay que restar fines de semana y festivos) realmente soluciona algo, y tercero, si eso debe hacerse a costa, otra vez, de lo únicos agentes jurídicos que siempre parecemos ser “la hermana pobre” de la Justicia. ¿Acaso olvida el Gobierno que de por sí, la mayoría de los despachos de este país, excepcionando aquellas grandes firmas (a veces internacionales) que son los mimados por el CGAE, somos autónomos que estamos y vamos a sufrir las consecuencias económicas de este desastre?
Como si eso fuera poco, se nos priva del único periodo del año en el que tenemos alguna posibilidad real de descansar (de por sí coartado gracias a una nefasta regulación del sistema LEXNET y semejantes), de disfrutar de nuestro ocio, de nuestras familias, de recargar pilas, para iniciar nuestra actividad profesional en un nuevo año judicial. Resulta sorprendente que parecemos los únicos ciudadanos a los que los derechos generales, como es el derecho al descanso, a las vacaciones, entre otros tantos, no nos resulta de aplicación.
Sin embargo, observamos impasibles la escalada de responsabilidad que se nos imputa frente a cualquier error que sólo a nosotros nos es reprochable obviando todos aquellos que a diario padecemos cometidos en los juzgados y tribunales y que en muchos casos ni siquiera se hacen merecedores de una simple disculpa.
Cada vez estamos más lejos del respeto que envolvía a nuestra profesión (también habrá que hacer autocrítica al respecto). De poca o ninguna ayuda, en mis años de experiencia, ha servido el CGAE, por lo menos, como digo, para los despachos pequeños, para garantizar unos mínimos de respeto, de valor de nuestro trabajo y de dignidad de nuestra figura como interlocutores jurídicos.
Sufrimos día a día en los juzgados el menosprecio de funcionarios, en muchos casos de jueces, de letrados de la administración, que o bien cansados de su trabajo o inducidos por esa corriente irrespetuosa frente al letrado nos somete constantemente a humillaciones, en la mayoría de los casos injustas y en cualquier caso indebidas. Asistimos impotentes a la cada vez mayor arbitrariedad judicial que pone en riesgo evidente la seguridad jurídica; ¿quién se atreve a asesorar con un mínimo de certidumbre? Y ¿qué hacemos frente a esto? Nosotros nada, por miedo a las represalias que puedan perjudicar a los intereses de nuestros clientes.
Hemos perdido la dignidad para conservar el “puesto” frente a clientes que también arrastrados por esta tendencia despreciativa, lejos de reconocer nuestro esfuerzo se atreven, en su ignorancia, a juzgarlo y criticarlo.
Están tan naturalizadas las frases del tipo “esto estaba ganado” cuando hay una resolución favorable, o “¿cómo has podido perder esto?” cuando la resolución es negativa, por no hablar del “¿y esto me vas a cobrar? Si no has hecho nada!”…
A todo esto, sin duda, han ayudado los medios de comunicación en la elaboración de juicios paralelos, de movimientos de masas legas; en la precipitación de las valoraciones sobre resoluciones jurídicas que aun a nosotros nos cuesta trabajo desgranar. Y así, todo el mundo se ha erigido como sabedor de leyes, de principios jurídicos y, estos tan olvidados, valores clásicos de la justicia.
Todos y cada uno de los que nos dedicamos al ejercicio práctico del derecho, todos los que asistimos a juicio, soportamos horas y horas de espera confinados en salas que se asemejan más a espacios de mercadillo que a la dignidad que debería envolver a lo que representamos. ¿Se nos olvida, acaso, que somos elementos imprescindibles del Estado de Derecho, que somos fundamentales en el sostenimiento de unos de los tres pilares del Estado?
Observamos en los listados de señalamientos como se citan a juicio con apenas tres o cinco minutos de diferencia entre juicio y juicio ¿Qué clase de respeto es ese al justiciable y a sus derechos constitucionales y al profesional que lo asiste o representa?
Ya antes del COVID-19 recibíamos señalamientos para 2023, en algunos, casos, y ahora, ¿vamos a arreglar todo este entuerto habilitando un periodo que sólo nos perjudica a nosotros? A los de siempre. Realmente indignante, absolutamente ridículo.
Asistimos desde hace años a una revolución tecnológica de la que se han hecho eco distintas administraciones públicas, como no, hacienda, seguridad social,…. Sin embargo, Justicia sigue anclada en el medievo con una ausencia de reformas y de inversión que no parece obedecer a otra causa que no sea la del propio beneficio del legislador. Hemos y estamos consintiendo la indignidad a la que se está sometiendo al Poder Judicial y más en concreto a uno de sus principales interlocutores, los abogados.
Lejos estamos de la etimología de la palabra “Letrado” que nos define y mucha culpa de ello nos la debemos a nosotros mismos.
Nos ha tocado vivir un penoso momento en la historia de nuestra profesión, sin duda, la época de la indignidad y esta última acción del ejecutivo no es más que otro ejemplo de ello.
Carlos Egea Jover